Ingreso como académico de José Luis Conde Salgado

Ayer por la tarde, la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación abrió las puertas de su sede en la Plaza Pintor Sotomayor para un evento que marca un hito en la trayectoria de la institución en A Coruña. Se trataba del ingreso oficial de José Luis Conde Salgado como académico de número, un acto solemne que reunió a buena parte de la comunidad jurídica gallega. Conde Salgado, natural de Verín y con una larguísima carrera a sus espaldas, ocupa desde ahora la medalla número 30, una plaza que anteriormente perteneció a Joaquín Arias y Díaz de Rábago. La ceremonia estuvo presidida por José Luis Seoane Spiegelberg, quien además de presidir la Academia es magistrado del Tribunal Supremo, lo que da una idea del tono institucional del encuentro.

Para quienes siguen la actualidad judicial de la zona, el nombre de Conde Salgado resulta muy familiar. Su paso por la Carrera Fiscal entre 1968 y 2011 dejó huella, especialmente en su etapa como Teniente Fiscal y Fiscal Delegado Antidroga de Galicia. Durante el acto de ayer, estuvo respaldado por Francisco Ordoñez Armán y José Ignacio García Moratilla, que ejercieron como padrinos, mientras que Miguel Ángel Cadenas Sobreira fue el encargado de pronunciar el discurso de contestación. Aunque se trata de un evento formal, el acceso a la sede de la RAGJYL suele ser libre hasta completar el aforo, permitiendo que cualquier persona interesada en la jurisprudencia pueda ser testigo de estos relevos generacionales y profesionales en la academia.

Lo más interesante de la jornada fue, sin duda, el contenido de la disertación del nuevo académico. Conde Salgado aprovechó su intervención para poner sobre la mesa una reforma profunda del proceso penal en España. Su propuesta principal es que los fiscales asuman la instrucción de las causas criminales, una función que actualmente recae en los jueces de instrucción. Según explicó, este cambio permitiría que los jueces se centren exclusivamente en la función de juzgar, buscando un sistema más ágil, sencillo y adaptado a las exigencias de la cooperación internacional actual. Defendió que este modelo no solo aportaría celeridad, sino que reforzaría la autonomía del Ministerio Fiscal sin perder de vista las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos. Es una visión técnica pero con implicaciones muy prácticas sobre cómo se gestionan los delitos y los tiempos de espera en el sistema judicial.